Esta entrada ha sido escrita por Luis Morago y Patricia Martin de Avaaz
Manifestaciones pacíficas del 15M. Fotografía de Nathalie Paco
Durante el último año y medio, millones de ciudadanos se han manifestado pacífica y ejemplarmente en todo el país contra la corrupción, el fraude fiscal, las estafas bancarias, y contra las mentiras de los líderes políticos que están despedazando nuestros derechos y servicios públicos. Pero en lugar de actuar contra los culpables y abrir un diálogo social constructivo, el gobierno parece estar por la labor de silenciar a quienes alzan sus voces y les señalan con el dedo.
Noticias de abusos policiales se siguen sucediendo ante nuestros ojos. Activistas detenidos y conducidos a la Sede de la Unidad Antiterrorista por portar una pancarta en la que podía leerse "El 25-S Rodea el Congreso". Ciudadanos identificados por reunirse en parques para organizar manifestaciones pacíficas. Imputaciones preventivas por gravísimos delitos contra los "Altos Organismos de la Nación" que no se han cometido. Cientos de sanciones administrativas, docenas de desalojos y, para colmo, la persecución la pasada semana a periodistas y manifestantes en los andenes de Atocha, actuación que ha indignado al mismísimo Sindicato Unificado de Policía (SUP). Pero la cosa no queda ahí, y en los despachos ministeriales están preparando una nueva ley que podría convertirnos a muchos en criminales de la noche a la mañana.
Así, el único borrador de anteproyecto de ley de reforma del Código Penal que se ha conocido nos confirma que el gobierno busca darle otra vuelta de tuerca a la ciudadanía. Es especialmente alarmante la posible modificación de los artículos recogidos bajo el Capítulo de Desórdenes Públicos. En concreto, el artículo 559, que establece que todo aquel que difunda o distribuya públicamente a través de cualquier medio, mensajes o consignas que inciten a la comisión de algún delito de alteración del orden público podría ser castigado hasta con penas de prisión de tres meses a un año.
Este nuevo delito de peligro por alterar el orden público no necesitaría que se produjese ningún resultado, abriendo un enorme cajón de sastre contra los ciudadanos, quienespodríamos enfrentarnos por ejemplo a penas de prisión por convocar o difundir a través de facebook, twitter o de este blog una sentada no violenta o una "performance" humorística contra la corrupción o el fraude, si las autoridades considerasen que se habían producido desórdenes públicos.
La historia nos ha enseñado en repetidas ocasiones que la defensa del "orden público" puede fácilmente dar paso a la arbitrariedad y represión excesiva por parte de los gobernantes. Es por ello que destacadas asociaciones como Jueces para la Democraciay Amnistía Internacional están criticando la desproporcionalidad de estos castigos y la inseguridad jurídica que crearía para los ciudadanos en general y para organizaciones de campañas como Avaaz.
Finalmente, llama la atención que el endurecimiento del Código Penal no afecte a numerosas acciones delictivas relacionadas con la corrupción y el abuso de poder. Pero ese es otro cantar.
El anteproyecto de ley de reforma del Código Penal se encuentra en fase de preparación, y a menos que logremos generar una enorme ola de oposición pública para arrojar luz sobre esta descabellada reforma legislativa, nuestra democracia dará un peligroso paso atrás del que muchos, más allá de posicionamientos políticos, nos tendremos que arrepentir. Miles ya nos estamos movilizando aquí.
FUENTE: https://blogs.elpais.com/3500-millones/2012/10/protestar-no-es-crimen.html